Gobierno de Cuba en la Cumbre sobre el Cambio Climático

Por Librado Linares Garcia

La reciente participación de Cuba en la COP30 celebrada en Brasil, con el canciller Bruno Rodríguez Parrilla como portavoz, abre un debate complejo sobre la legitimidad de ciertos discursos en torno al cambio climático. 

El funcionario cubano exhortó a los países desarrollados a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, subrayando los efectos devastadores del calentamiento global: el aumento de la temperatura de los océanos, la pérdida de glaciares, la elevación del nivel del mar y la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, el mensaje deja abiertas interrogantes sobre a quién se dirige realmente la crítica y sobre la coherencia de Cuba al plantearla.

El discurso parece apuntar principalmente a las naciones occidentales, bajo el argumento de la “responsabilidad histórica” de los países industrializados. No obstante, resulta llamativo que no se mencione a China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero en la actualidad. Esta omisión refleja la politización del tema: se exige responsabilidad a unos actores mientras se guarda silencio frente a otros, lo que debilita la fuerza moral del planteamiento.

Por otra parte, Cuba enfrenta serios problemas ambientales internos que limitan su autoridad para erigirse en juez de la conducta ajena. Aunque sus emisiones absolutas son relativamente bajas debido a la parálisis industrial, la intensidad de emisiones por unidad económica es elevada. La obsolescencia tecnológica y la baja eficiencia energética convierten al país en un emisor desproporcionado respecto a su nivel de desarrollo. A ello se suma la degradación de los suelos, consecuencia de un manejo agrícola deficiente, que ha reducido la fertilidad y comprometido la seguridad alimentaria. La contaminación de ríos, presas y bahías es evidente, mientras que la pérdida de biodiversidad se manifiesta en la disminución de insectos, aves y especies endémicas. Los arrecifes coralinos, afectados por el blanqueamiento y la presión turística, muestran signos de colapso, al igual que los manglares y otros ecosistemas costeros.

En este contexto, resulta difícil aceptar que el gobierno cubano se presente como voz autorizada en materia ambiental. La crítica hacia los países desarrollados puede ser válida en términos de justicia climática, pero pierde fuerza cuando proviene de un Estado que no ha sabido gestionar de manera responsable sus propios recursos naturales. La defensa del medio ambiente exige coherencia: no basta con señalar las fallas ajenas, es imprescindible asumir las propias y trabajar en su corrección.

El cambio climático es un desafío global que requiere compromisos universales. La credibilidad de cualquier discurso depende tanto de la consistencia interna como de la capacidad de exigir responsabilidades externas. Cuba, como muchos otros países, debe reconocer que la lucha contra la crisis ambiental comienza en casa. Solo desde esa base puede aspirar a tener un papel legítimo en el escenario internacional.