Cuba ante la condena de la ONU: justicia como herramienta del poder totalitario

 

Por Librado Garcia Linares

La reciente declaración del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, basada en el informe de Prisoner Defender, marca un hito histórico en la denuncia internacional contra el régimen cubano. El organismo ha calificado como arbitrarias e ilegales las detenciones de 49 presos políticos del 11 de julio de 2021, confirmando lo que por años se ha denunciado: en Cuba la justicia no es un sistema de garantías, sino un instrumento de represión.

Radiografía del sistema judicial cubano.

- Detenciones arbitrarias: privaciones de libertad sin base legal ni garantías procesales. 

- Juicios nulos de pleno derecho: tribunales subordinados al poder político, sin independencia judicial. 
- Desapariciones forzadas, torturas y aislamientos: prácticas que configuran crímenes de lesa humanidad. 

- Represión política y religiosa: persecución sistemática contra voces disidentes y comunidades de fe. 

La ONU exige la liberación inmediata, la exoneración y la reparación de las víctimas. Pero más allá de la exigencia puntual, lo que se desnuda es un patrón sistemático: el régimen cubano, por su propia naturaleza, es un violador flagrante de los derechos humanos.

De la indiferencia a la condena internacional

Durante décadas, el expediente negro de violaciones en Cuba fue tratado con indiferencia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La narrativa oficial del régimen, apoyada por alianzas políticas, logró diluir denuncias y mantener una fachada de legitimidad. 

Sin embargo, la acumulación de testimonios, la documentación rigurosa de organizaciones como Prisoner Defender, y la presión de la sociedad civil internacional han erosionado esa indiferencia. El caso del 11J, por su magnitud y visibilidad, se convirtió en un punto de inflexión: la represión ya no pudo ser ocultada ni relativizada. 

Este progreso es fruto de una evolución en la conciencia internacional, donde la defensa de los derechos humanos ha prevalecido sobre la diplomacia complaciente. La condena del Grupo de Trabajo es, en ese sentido, una victoria histórica para las víctimas y para quienes han denunciado incansablemente.

Un nuevo proyecto de país

La salida a esta crisis no puede ser parcial ni cosmética. Cuba necesita un nuevo proyecto de país donde la Libertad y la Democracia queden consagradas como principios fundacionales. Ese proyecto beneficiaría a todos, incluidos los propios castristas, pues les permitiría participar de las transformaciones y adquirir una legitimidad de origen en un contexto democrático. De lo contrario, quedarían sobrepasados por los acontecimientos y por la historia. 

La ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sería un primer paso indispensable. Bajo esa sombrilla jurídica, la sociedad civil contestataria podría desplegar estrategias de campaña y acción que conduzcan a la libertad y la democracia.