La leche que falta y la burocracia que sobra

Por Librado Linares Garcia

Los niños de Aguada de Pasajeros pagan el precio de un sistema ineficiente y opresor.

En Aguada de Pasajeros la leche se ha convertido en símbolo de escasez y desigualdad. Desde mayo, los productores no reciben pago por sus ventas y muchos han optado por dejar de entregar el producto en las bodegas y puntos de leche. Los más afectados son los niños, único grupo autorizado a comprarla, que han pasado entre tres y cinco días sin consumir este alimento esencial. Mientras tanto, el Complejo Lácteo de Cumanayagua recolecta la leche para destinarla al turismo, relegando la nutrición infantil a un segundo plano.


El mercado negro refleja la magnitud del problema: un litro de leche cuesta entre 140 y 150 CUP, mientras el precio oficial está topado en 30 CUP. El queso supera los 450 CUP por libra. Los campesinos, obligados a vender a precios subsidiados, se ven desmotivados y empujados a la informalidad. La represión estatal amenaza con intervenir tierras y propiedades, pero ni eso detiene la venta clandestina, única vía de supervivencia para muchos.


En las Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS) Arturo Almeida, Juan Manuel Márquez y Jesús Sardinas, los campesinos han alzado la voz en sus asambleas. Reclaman que se les venda gasolina o se les otorgue una cuota, como sucede con quienes poseen plantas eléctricas. Estos últimos han podido comprar motos y trasladarse hasta sus lecherías, mientras los vaqueros de las CCS mencionadas deben caminar largas distancias o depender de favores. La desigualdad en el acceso a recursos básicos es otra muestra de cómo la burocracia decide arbitrariamente quién puede producir y quién no.


La situación logística es igualmente crítica. La inseguridad rural —matanza, hurto y sacrificio de ganado mayor— ha llevado a no pocos campesinos a abandonar la actividad y vender su ganado. La policía y las instituciones se muestran incapaces de frenar estas fechorías. El resultado es un campo desprotegido y productores cada vez más desmotivados.


El trasfondo es un aparato burocrático que se multiplica en cada nivel: delegaciones municipales, provinciales y nacionales de agricultura y ANAP. En las CCS, CPA y UBPC abundan empleados que no trabajan directamente en el campo, pero cuyos salarios y gastos deben ser asumidos por los productores. Este sistema fija precios, distribuye recursos de manera discrecional y oprime a los campesinos, mientras se alimenta de su esfuerzo. El resultado es un modelo carcomido, ineficiente, corrupto y opresor.


La crisis de la leche en Aguada de Pasajeros no es un accidente, sino el reflejo de un modelo centralizado que privilegia el turismo y la élite administrativa por encima de la nutrición infantil y la dignidad campesina. Mientras los productores son castigados con precios irreales y amenazas, los niños sufren hambre y las familias se ven obligadas a acudir a un mercado negro prohibitivo. 


Este modelo no solo es injusto: es insostenible. La salida pasa por desmontar la lógica de ordeno y mando, liberar la producción de las cadenas burocráticas y devolver a los campesinos la autonomía que merecen. En este sentido, una reforma agraria que conduzca a la privatización de la tierra aparece como un camino necesario para garantizar incentivos reales, seguridad jurídica y un futuro digno para quienes producen los alimentos.